Nuestra supervivencia está en juego

18 de mayo- Mario Diego

El desconfinamiento y la desescalada por fases, operación profundamente delicada, se está convirtiendo en un jolgorio desfasado. Algunos ya empiezan a echar la culpa a esos irresponsables e incívicos habitantes que se saltan las reglas; como siempre, se van a lo más fácil. Desde mi punto de vista, la responsabilidad la tiene el gobierno, que, cediendo por una parte a los deseos de la patronal, y por la otra a la demagogia del PP, empezó enviando una parte de la población al trabajo, sumándose, esta, a los que no cesaron de trabajar durante la crisis y, acabó decidiendo últimamente, la apertura, con condiciones cierto, de los pequeños comercios, bares incluidos. Sin embargo, esas condiciones para poder hacerlo están muy lejos de ser las idóneas.

Las defunciones, por bajas que sean las cifras, siguen añadiéndose a la larga lista de los 27.650 ya fallecidos en nuestro país a la hora en la que escribo; el personal sanitario está exhausto, sigue faltando personal, faltando EPIs para su protección y una parte consecuente de sus componentes en cuarentena. Si a esto le añadimos las operaciones y actos médicos pendientes dejados de lado para atender a la pandemia, y que solo el 5% de la población ha tenido contacto con el Covid-19, —con lo cual, la tan esperada inmunidad de grupo que nos protegería, se quedó encharcada— como no estar preocupados por un eventual rebrote y priorizar la salud.

Mientras se está apuntando con el dedo, dándole más importancia y publicidad de la que tiene, hacia el barrio Salamanca, olvidando que quienes hoy deberíamos estar ocupando la calle para enfrentarnos a lo que nos están preparando los del Ibex35, la mayor parte de entre nosotros estamos alabando al gobierno dejando la iniciativa, precisamente, a la extrema derecha. Y lo cierto es que razones no faltan a la clase trabajadora para que, respetando las medidas sanitarias necesarias, empecemos a movilizarnos, si no queremos que la patronal y sus siervos nos pisoteen.  

Al igual de lo pasado con el anuncio de la prohibición de los despidos (decreto ley 8/2020), que en realidad solo los encarecía, el nuevo acuerdo firmado por la patronal, sindicatos mayoritarios y gobierno, condena a las clases populares y trabajadora a soportar el peso de las consecuencias de la crisis que se avecina, por no decir que ya está ahí. Sí, los ERTEs siguen vigentes hasta junio, no obstante, no dejan de ser pan para hoy hambre para mañana.

El precedente acuerdo sobre los ERTEs en caso de fuerza mayor incluía la prohibición de despedir durante los seis meses posteriores a su finalización, en este último acuerdo se añadió una cláusula que dice: “Este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”. Simplificando, la patronal puede hacer uso de la cláusula de estacionalidad para programar despidos, —en particular en los sectores en los que se practican los contratos basura— una vez acabado el ERTE. 

De la misma manera, nos anuncian a bombo y platillo que las empresas domiciliadas en países o territorios fiscales no podrán acogerse a los ERTE… sin embargo, estas empresas sí podrán acogerse a dicho ERTE con tan solo abonar las cotizaciones sociales. Ese acuerdo equilibrado que beneficia a los empresarios como a los y las trabajadoras, —presentación hecha no solo por la ministra del trabajo, sino por todos los componentes, medios afines incluidos, de la Corte gubernamental— como el parangón histórico de las medidas sociales tomadas  hasta ahora, por sea cual sea el gobierno, en realidad, no es una cosa diferente a lo que se vino haciendo en periodos similares de crisis desde que el capitalismo existe: garantizar los beneficios de las grandes empresas y bancos, pagando con dinero público una parte de los salarios de los y las trabajadoras; en este caso el de los cuatro millones beneficiándose de un ERTE en nuestro país. 

A pesar de todas las circunvalaciones lingüísticas posibles para que confundamos Roma con Santiago, en nuestro país como en el resto del mundo, se está demostrado que, en caso de crisis, y la generada por el Covid-19 no es una excepción, siempre es la clase trabajadora quien saca las castañas del fuego para mantener la sociedad a flote, incluso pagándolo con su sangre; el capital y su cohorte de servidores, en la misma situación, no se preocupan tan siquiera de facilitarnos comida para poder seguir explotándonos. No nos queda otra, la clase trabajadora tiene que apoderarse de los medios de producción y para eso ocupar la calle ya.