¿Lo peor para después?
30 de marzo-Mario Diego
La Ministra de Trabajo y Economía
social, Yolanda Díaz, tiene por costumbre en sus declaraciones estruendosas, de
relegar la letra pequeña a un segundo plano. Declaraciones estruendosas que los
medios afines como los que no lo son, hacen suyas inundando sus planas; los
primeros para subrayarlas positivamente, los segundos para vilipendiarlas; eso
sí, olvidando también, unos y otros la letra pequeña, como lo hace la ministra.
En realidad, lo que ha hecho el
gobierno es anunciar una restricción temporal de los despidos, —“dificultar”
los despidos, como lo llama Unai Sordo— sin que las empresas puedan apelar a
motivos económicos, por fuerza de causa mayor y los demás previstos, en los
artículos 22 y 23 del Real decreto-ley 8/2020.
Al igual que pasó con los despidos por baja laboral, tampoco se prohíben los despidos en este caso. Con el Decreto-Ley 9-2020 lo único que hace el Gobierno es permitir a un juez que pueda decidir si un despido es improcedente o no, lo que deja de nuevo a los y las trabajadoras cara a cara con su patrón mientras el gobierno se lava las manos. Con una tasa porcentual ínfima de los despidos declarados nulos, —todos conocemos el alcance progresista de nuestro sistema judicial— la patronal puede estar tranquila. Su supuesto descontento es una manera de reclamar más favores al gobierno.
Por otra parte, ya puestos, podían
haber dado un carácter retroactivo a ese nuevo decreto, pues no, ni tan
siquiera. El millón de los que ya han sido despedidos, —ese millón del que
hablaban Sordo y Álvarez— se quedan en la cuneta. No es que hubiese cambiado
mucho; en el mejor de los casos, un juez hubiese podido declarar sus despidos improcedentes,
—que no significa que vayan a ser readmitidos— lo que supondría para los dichos despedidos un incremento de la indemnización por año trabajado.
Millón de despedidos al que habrá
que añadir los que vengan después por otros motivos. Las posibilidades
jurídicas en manos de la patronal, para poder llevar a cabo dichos despidos, no
faltan. En definitiva, no solo no hubo derogación de la reforma laboral sino
también un deterioro de la situación en la que se encuentra la clase
trabajadora. Algunos echan o echarán la culpa al COVID-19, pero no es este
quien despide sino la patronal.
Las nuevas medidas anunciadas el 29
de marzo por Pedro Sánchez, a propósito del veto a toda actividad no esencial,
siguen la misma dinámica. El ya famoso, a pesar de su reciente nacimiento,
“permiso retribuido recuperable”, supone de nuevo, que serán los y las
trabajadoras quienes asumirán el coste del cese de actividad, puesto que
tendrán que recuperar los días no trabajados.
Esta medida conlleva un deterioro
evidente de las condiciones laborales, puesto que se traducirá por la pérdida
de días de vacaciones o de descanso; también podría traducirse por un
alargamiento de la jornada laboral. De nuevo el gobierno se lava las manos y
deja frente a frente, patrones y plantillas para negociar las modalidades de
dicha recuperación. Y es a esta situación que la ministra Yolanda Díaz llama
apoyar y dar más derechos a los y las trabajadoras.
En resumidas cuentas, lo que Yolanda
Diaz nos está diciendo es que nuestros derechos y nuestro futuro dependen de
nosotros mismos; de la correlación de fuerzas que seamos capaces de desarrollar
para imponernos a la patronal. Eso ya lo sabíamos, y si algunos pensaron que la
presencia de Unidas Podemos en el Gobierno nos ayudaría en esa tarea evitándonos
luchas en perspectiva, desgraciadamente cabe constatar que no es así. Lo que
más preocupa al gobierno progresista en estos momentos, es como proteger el
futuro “del tejido productivo” abandonando a su suerte los que lo hacen
funcionar: la clase trabajadora.