Despidos: incautación de las empresas y reparto del trabajo entre todos

A la amenaza del Covid-19, aún presente, se añade la de los cierres de empresas con sus respectivos despidos, y contra esto, no podemos esperar ninguna protección del Estado; Nissan es un buen ejemplo. Esta factoría es tan solo la primera de una larga lista, en la que ya tenemos que añadir Alcoa. Más allá del cierre de las propias multinacionales, está el cierre de las subcontratas y empresas auxiliares, cuyos despidos se añadirán por decenas de miles a los cierres programados por dichas multinacionales.

Por si aún subsisten algunas dudas, los reajustes de plantillas, los recortes salariales, las exenciones fiscales, el abaratamiento del coste eléctrico y las millonarias subvenciones, solo han sido útiles para incrementar los beneficios de las empresas. Estas políticas, que los apóstoles del reformismo nos han vendido a lo largo de estos últimos años, y no solo en nuestro país, son las que van a servir a dichas empresas para sufragar los gastos, en el mejor de los casos, que esos despidos ocasionarán. 

En este estado de guerra permanente en el que se encuentra el capitalismo, las crisis, son la ocasión que los grandes capitalistas aprovechan para despejar su camino barriendo a los más débiles de entre ellos, y torcer el cuello a todas las pequeñas empresas o autónomos trabajando para ellas, o no; también les sirven, utilizando un chantaje inmundo, para imponer cada vez más sacrificios a la clase trabajadora. Esta epidemia de despidos, a lo opuesto de la del Covid-19, no es natural, es una opción de clase consciente por parte de la burguesía para explotarnos sin miramientos.

Oponerse a los despidos debe ser una prioridad y además no nos queda otra. Es vital no solo para la clase trabajadora sino para el conjunto de la sociedad. Nos encontramos en un contexto que no deja lugar a soluciones individuales. Perder su empleo hoy significa, casi automáticamente, una inmersión en la pobreza. La solución no puede tampoco pasar por luchas aisladas; ensanchar las luchas y generalizarlas es el único camino que podrá salvar nuestros puestos de trabajo.

Hacer frente al desplome de los pedidos, a la carencia de materia prima o componentes, pasa por la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Se trata de imponer trabajar menos para poder trabajar todos. ¿De dónde se sacará el dinero? Los tres últimos años las empresas del Ibex 35 se repartieron 110 mil millones de euros de beneficios. Las ganancias pasadas, las fortunas de los accionistas y los impuestos eludidos tienen que ser los que se utilicen para sufragar esa política y salvaguardar los empleos y los salarios.

No faltarán algunos para tildarlo de sueños utópicos puesto que esto  supone, cosa imposible según ellos, saltarse las reglas capitalistas. Hasta hoy y hasta donde las dejemos en vigor, esas reglas sirven únicamente para enriquecer una minoría, mientras se destroza empleos y se condena a las clases populares a vivir míseramente. Esas reglas convierten cualquier cosa en una fuente de beneficios y si no es así la abandonan, tenga ese abandono las consecuencias que tenga; someten a todo el sector público a las mismas reglas de rentabilidad generando desastres como los acontecidos en la sanidad, con las consecuencias que sabemos. Y es en nombre de esas mismas reglas que el capitalismo está, poco a poco, desintegrando el planeta.

Una huelga general con ocupación de empresa y bajo control de los trabajadores es la mejor garantía para salvaguardar los empleos, reducir el paro y defender los intereses colectivos.